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A Trump se aproxima una batalla legal por el antisemitismo

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump de esta semana, que ordena al gobierno que considere una definición específica de antisemitismo en los casos de discriminación, podría dar lugar a una batalla judicial de gran envergadura con los defensores de la libertad de expresión, quienes argumentan están en su derecho de negar la existencia legitima de Israel  bajo la Primera Enmienda.

Es probable que la acción ejecutiva satisfaga a los aliados del presidente en la comunidad de defensa de Israel y, al entrar en el fragor de la carrera presidencial de 2020, proporcione a su campaña un contrapunto a las continuas críticas de que Trump mismo ha alimentado el creciente antisemitismo.

La orden orden ordenará al Departamento de Justicia y al Departamento de Educación que utilicen la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y sus ejemplos adyacentes, que afirman que los esfuerzos por demonizar, deslegitimar o aplicar dobles raseros a Israel son antisemitas, en los casos de discriminación presentados en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles.

Aunque la orden de Trump ha estado en marcha durante meses, su lanzamiento coincide con dos recepciones de Janucá el miércoles en la Casa Blanca, en las que se reúnen los partidarios republicanos judíos de su política hacia Israel.

El marco de la IHRA ha sido reconocido por el Departamento de Estado, Israel, Francia, Alemania y varios otros gobiernos europeos. Pero no está exenta de controversia.

En los Estados Unidos, la Unión Americana de Libertades Civiles se ha opuesto a su uso en virtud de la Ley de Derechos Civiles por motivos constitucionales. Y en el extranjero, un debate en el seno del Partido Laborista Británico sobre si adoptar la definición con todos sus ejemplos ha enredado a su líder, Jeremy Corbyn, en un escándalo antes de las elecciones parlamentarias del jueves.

La orden ejecutiva de Trump, elaborada por Jared Kushner, asesor principal y yerno del presidente, y su antiguo ayudante, Avi Berkowitz, adopta el lenguaje de un proyecto de ley bloqueado apoyado por republicanos y demócratas en ambas cámaras del Congreso.

Esa legislación, titulada Ley de Concientización Antisemita, también requeriría que el Departamento de Educación considerara la definición de la IHRA bajo el Título VI – una disposición de la ley que prohíbe el flujo de dólares federales a programas y organizaciones que discriminen por motivos de raza, color u origen nacional.

Aunque el proyecto de ley fue redactado inicialmente por legisladores de ambos partidos, los republicanos lo presentaron por su cuenta este año después de que los demócratas solicitaran una pausa para considerar opciones legislativas alternativas.

Un autor demócrata de la legislación de la Cámara de Representantes, Ted Deutch de Florida, ahora quiere que el proyecto de ley se amplíe más allá de su enfoque estrecho en el Departamento de Educación – que comenzó a aplicar la definición de la IHRA en los casos de derechos civiles el año pasado – en favor de un enfoque de “todo el gobierno” que dirige a todas las agencias federales a adoptar el marco.

“No es que no vayamos a reintroducirlo; lo que estamos considerando es: ¿cuál es la manera más efectiva de abordar el antisemitismo? dijo un asesor de alto nivel de Deutch, señalando que su oficina no había visto el texto de la orden ejecutiva.

“Si lo que sucede es que el presidente toma la Ley de Concientización Antisemita, la convierte en una orden ejecutiva y la aplica a otras agencias, eso es algo que generalmente apoyaríamos”, dijo el asesor.

La administración trabajó con los demócratas en la orden, consultando con David Krone, ex jefe de personal del ex líder de la mayoría del Senado Harry Reid de Nevada, entre otros.

La orden ejecutiva reemplaza la orientación previa y ordena a todas las agencias relevantes, en particular al Departamento de Justicia y al Departamento de Educación, que “consideren” la definición, según un alto funcionario de la administración, quien dijo que la Casa Blanca todavía daría la bienvenida a la aprobación en el Congreso de una ley que fortalecería la orden ejecutiva de Trump.

Kushner planteó por primera vez la idea de la acción ejecutiva en la primavera, trabajando con la oficina del asesor de la Casa Blanca y la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia para abordar las preocupaciones expresadas el año pasado por la ACLU sobre el esfuerzo del Congreso. Kushner también consultó con Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos bajo la presidencia de George W. Bush, dijo el alto funcionario.

El año pasado, la ACLU argumentó que el Título VI ya protege a las minorías religiosas, como los judíos, de la discriminación, y advirtió que los ejemplos de antisemitismo de la IHRA son “declaraciones constitucionalmente protegidas sobre Israel, incluyendo acusar a la gente de ser más leal a Israel que a Estados Unidos, aplicar un doble rasero a Israel o negar al pueblo judío su derecho a la libre determinación”.

En la última década, los gobiernos estatales y locales han aprobado una legislación agresiva para combatir el movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, reteniendo dólares críticos de las organizaciones que participan en la causa.

Esos esfuerzos han cobrado fuerza a nivel nacional en medio de las crecientes tasas de antisemitismo en todo el país, particularmente en los campus universitarios estadounidenses, según datos recopilados por el FBI y la Liga Antidifamación (Anti-Defamation League).

La acción de la administración el miércoles vendrá después de otra controversia sobre la retórica de Trump hacia los judíos, después de que le dijo a un grupo israelí-estadounidense en Florida el pasado fin de semana que espera que los asistentes voten por él en 2020 para proteger su riqueza.

Con información de IsraelNoticias.

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