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Colombia, el drama que debemos atender. Parte 2

Profesor Luis Fuensalida

Por el Profesor Luis Fuensalida

Continuando hoy con la columna de la semana pasada, recordemos que además de las organizaciones narcoterroristas de ideología marxista leninista, a partir del 2017, organizaciones criminales desprovistas de cualquier perfil ideológico, están ocupando los espacios territoriales y de poder dejado por las FARC.

Colombia, el drama que debemos atender – 1ra. Parte

Es así, que el Crimen Organizado colombiano actual ha sufrido gradualmente cambios importantes, en particular por el aumento del poder e influencia de los cárteles mejicanos, sin que las organizaciones criminales colombianas hayan dejado de ser importantes actores en la producción y el mercado de estupefacientes, y otro cambio ha sido la creciente presencia y actividad fuera de Colombia, un proceso que se ha visto facilitado por el creciente consumo de drogas en el subcontinente, en especial cocaína, como ser los casos de Brasil y Argentina, y si se compara a los actuales grupos criminales colombianos o BACRIM con lo que eran los cárteles de Cali y Medellín, las diferencias son notorias.

Entre estas bandas criminales o BACRIM, se puede destacar como la más poderosa, el clan del Golfo o Urabeños, que también se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia con cerca de 3.000 miembros, muchos de estos provenientes de otras bandas menores, o ex militantes de grupos paramilitares de derecha y también elementos escindidos de las organizaciones narcoterroristas de izquierda, su líder es Dairo Antonio Usuga (a) Otomiel, y opera en las regiones de Urabá y el Bajo Cauca, siendo sus actividades el narcotráfico, la extorsión y la minería y tala ilegal, lo que ha llevado al gobierno colombiano a implementar operaciones coordinadas, como lo fue la Operación Agamenón, para neutralizar las actividades delictivas de este grupo criminal.

Pero además de los Urabeños hay otras organizaciones criminales, se estima que unos 50 grupos que constituyen las llamadas ODIN u Organizaciones Delictivas Integradas al Narcotráfico, cuyos integrantes tienen orígenes similares a los del citado clan del Golfo y se dividen el territorio colombiano según sus influencias:

–      En la región del Caribe, los Pachunca, los Giraldos, los Costeños y el Clan Mosquitos

–      En la región del Putumayo, los Constr.

–      En la region del Llano, los Sotos

–      En la región del Magdalena, los Botalones

–      En la región del Amazonas, los Caquteños

–      En la región del Valle del Cauca, la Empresa

–      En la región Cafetera, Grupo Cordillera y

–      En la región de Antioquia, la Unión, la Terraza, los Calcedo, la Sierra, los Chatas, los Trianas, los Alta Vista, los Pachelly y los Robledo

Además de estos grupos criminales, hay otros de menor estructura, con menos integrantes, no superan los 50 miembros, y que se circunscriben a operar en ciertas localidades o barriadas, en este sentido, la Fiscalía Nacional colombiana, en un informe del 2018 había identificado a 1.000 grupos criminales en todo el territorio colombiano, de las cuales se desarticularon algo más de 625 bandas, se han capturado a más de 5.000 miembros y se procesaron a más de 4.000, un resultado producto de la aplicación de la sanción en julio del 2017 de una legislación especial para combatir el Crimen Organizado, el Narcotráfico y la Corrupción, en la que se contempla la agilización del embargo y decomiso de bienes de origen ilícito, en ese sentido, en el primer año de aplicación de esta nueva normativa legal se incautaron propiedades por aproximadamente 4 billones de pesos, moneda colombiana, de los cuales 1,5 billones  en bienes de las FARC, en si esta legislación es lo que en Argentina se denomina Régimen de Extinción de Dominio, Ley 25.632.

En ese contexto, con un grupo de las FARC, autodenominadas disidentes, con un ELN en conversaciones pero aún activo sumado a la nueva agrupación Movimiento Revolucionario Popular que completa el espectro de organizaciones terroristas  y a lo que sumamos las BACRIM que son la expresión del Crimen Organizado, en el 2018 llegó a la presidencia de Colombia, el abogado y senador Iván Duque Márquez, el delfín de Alvaro Uribe Vélez, quien ganó en 2da. vuelta con el 54% de los votos a Gustavo Petro, un economista que en su juventud militó en el movimiento terrorista M19 para luego iniciar su carrera política, llegando a ser candidato presidencial en las elecciones del 2010 y 2018 y en la actualidad es senador hasta el 2022 por el movimiento progresista de centro izquierda que el mismo fundó, Colombia Humana, y que estaría relacionado con el ahora partido FARC.

El gobierno de Duque ya ha afrontado dos crisis que provocaron los paros nacionales, en el 2019 y en el corriente año, la primera tuvo como factor desencadenante fue el anuncio en el 2do. semestre de reformas provisionales y laborales, lo que dio lugar a la declaración de un Toque de Queda en Bogotá, el primero desde el paro nacional de 1977 y que finalizó con un saldo de 17 muertos y unos 840 heridos, lo que obligó al gobierno a retirar las reformas propuestas.

En el año 2020, Colombia fue afectada por la pandemia del Covid 19, tanto en lo sanitario como en la económico, produciendo una caída de su PBI que se redujo al 6.

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8% y constituye la peor en la historia de ese país, que superó la sufrida en 1999 que fue del 4.5% como consecuencia de la crisis de liquidez e hipotecaria.

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Sin embargo, en el 1er trimestre del corriente año el PBI tuvo una mejoría al punto tal que se evaluaban proyecciones positivas, pero iniciado el 2do. semestre y como efecto residual de la pandemia el ritmo de crecimiento esperado se fue ralentizando, a esto se la ha sumado una nueva crisis que estalló a fines de abril con manifestaciones populares en contra de la propuesta de reforma tributaria presentada por Ejecutivo, la que debió retirar y llamar al diálogo a distintos sectores de la sociedad colombiana.

Si bien la propuesta de Duque fue clasificada por economistas como necesaria y ambiciosa, a la luz de los hechos, parece ser que fue inoportuna y más teniendo en cuenta las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 2022, donde según un sondeo, el 82% no votarían por candidatos que apoyen una subida impositiva, pero las protestas y el paro nacional es el telón de fondo de un descontento social que ha crecido con la pandemia y sus efectos, pues a lo ya señalado de la caída del PBI, el año 2020 cerró con una tasa del desempleo del casi 16% y la pobreza alcanza el 42,5%.

La reacción del gobierno, según la UE y la ONU, ha sido desproporcionada, que en el caso de la ciudad de Cali el accionar de las FF.AA. y la Policía Nacional ha causado, según distintas ONGs humanitarias, al menos 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos, a lo que habría que agregar, según la ONG Temblores, al menos uno decena de ataques sexuales contra las mujeres en el marco de un abuso policial.

Un detalle no menor es que la mayoría de los manifestantes son jóvenes de entre 18 y 25 años, motivados tanto por las dificultades para encontrar trabajo como por lo oneroso que es costearse la educación universitaria, y esto se traduce en que una encuesta realizada por la consultora Cifras y Conceptos arroja que el 74% de los jóvenes tienen una imagen negativa del presidente.

Algo que es evidente, que al igual que Colombia, otros gobiernos de Latinoamérica no estaban suficientemente preparados para afrontar los efectos multidimensionales resultantes de la pandemia y donde los altos niveles de vulnerabilidad entre los sectores de bajos y medios ingresos se traducen en la poca capacidad para solventar la pérdida de ingresos, donde en el caso colombiano, las instituciones públicas están muy debilitadas no pudiendo dar la respuesta adecuada en el campo social y sanitario, y lo que se observa en Colombia es parte de una tendencia preocupante, sociedades fragmentadas que debilitan la democracia participativa y republicana, donde no se puede pasar por alto la responsabilidad gubernamental y de las elites políticas, pero que hacen posible y probable, en el caso colombiano, realimentar la narrativa terrorista y donde intereses de actores internacionales se verían favorecidos.

Uno de estos actores es la República Bolivariana de Venezuela, que desde el ascenso al poder del Socialismo de Siglo XXI de la mano de Hugo Chávez Frías y hoy con su sucesor Nicolás Maduro, el Castrochavismo intenta expandir una ideología perimida y lograr lo que en el siglo pasado no pudo por las armas con el proceso de exportación de la revolución marxista cubana, y si lograrlo a partir de exacerbar las protestas sociales para conformar una amplia base electoral que permita llegar al poder aprovechando el libre juego democrático y una vez logrado el objetivo, cooptar la Justicia, subordinar a las FF.AA. y FF.SS., aumentar el clientelismo, propiciar la corrupción y de manera paulatina constituir un autoritarismo que termine con el republicanismo, y asegurarse de esta forma la perpetuidad electoral, todo lo cual esta previsto en la estrategia y las tácticas pergeñadas en el Foro de San Pablo y consensuado en el seno del Grupo de Puebla, en una palabra, como lo dijo alguna vez Fidel Castro, “…a las democracias vamos a destruirlas desde adentro…”.

Pero vayamos a los hechos, el reciente atentado contra el presidente colombiano, cuando viajaba en un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea, junto a los ministros de Defensa, Diego Molano y del Interior, Daniel Palacio, y estando acercándose al aeropuerto de Cúcuta, sobrevolando una barriada marginal que lleva el nombre de Camilo Gaza, puede ser tranquilamente atribuida al accionar de esos grupos del crimen organizado que señalé al comienzo de la columna de hoy, o bien la autoría puede ser responsabilidad de elementos del narcoterrorismo marxista leninista, como ser las FARC disidentes o el ELN, pero como dije, vayamos a los fáctico, en los procedimientos realizados por la Policía Nacional, se hallaron en el barrio La Conquista, distante 1,2 km del aeropuerto, dos fusiles AK47 y un FAL calibre 7.62 con la identificación de las FF.AA. de Venezuela, que coincide con los impactos  que  presenta  la  aeronave agredida, a lo que sumaría otro atentado ocurrido 10 días antes, utilizando un coche bomba, accionado a control remoto, que estalló contra la sede de la Brigada 30 del ejército colombiano, en Cúcuta, y cuando casualmente había personal militar de los EE.UU., causando 36 heridos, lo cual me hace inclinar más a que los autores de ambos ataques tienen más que ver con el narcoterrorismo que con una banda criminal, pues la suma de los efectos de la pandemia, el desempleo, el incremento de la pobreza, la situación económica en general, posibilitan una situación de desestabilización del gobierno que favorecerían a esos intereses internacionales para instaurar un régimen como el que padece hoy Venezuela.

Hoy mi querida Colombia, presenta tres regiones de alto riesgo o críticas, 1) el Litoral del Pacífico, que tiene una importante proyección geoestratégica, la principal salida de la cocaína hacia Méjico y donde actúan, las FARC disidentes y el ELN con fuertes conexiones con los cárteles aztecas, 2) la frontera con Venezuela, con una extensión de 2.200 km, en particular las zonas de la Guajira, Catatumbo y Arauca, donde actúan tanto grupos del crimen organizado como el narcoterrorismo y que es el paso de inmigrantes ilegales venezolanos, sin olvidar la posibilidad de darse un conflicto híbrido entre ambos países y 3) el Bajo Cauca, donde actúan las FARC disidentes, el ELN y las BACRIM y donde las alturas de Jaramillo son un objetivo importante, pues el dominarlas le darían la posibilidad del control territorial y constituir verdaderos micro narco-estados, en síntesis, la situación colombiana es grave y debería ser no sólo un escenario a seguir, sino también, que tanto la OEA como los países alienados al Grupo de Lima, en una palabra las democracias representativas y republicanas, impidan la expansionismo de dictaduras como la de Venezuela o Nicaragua, claro, lamentablemente nuestra Argentina con el actual gobierno esta alineado a los autoritarismo y las autocracias, y que ha quedado expuesto con el viaje a Colombia de dos legisladores del Frente de Todos a mediados de mayo ppdo., uno de los cuales realizó declaraciones contra el presidente Duque y afirmando que el objetivo es recuperar la “patria grande”, en referencia al bloque de países que formaron la UNASUR de Hugo Chávez Frías, dicho esto, y finalizando el tema abordado en estas dos columnas y parafraseando al escritor y político irlandés Edmund Burke, “…para que el mal triunfe, sólo es necesario que las democracias no hagan nada…”, aunque algunas democracias de la región ya lo han hecho, al votar NO a la candidatura argentina a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina, entre ellos los tres socios del MERCOSUR, y apoyaron al candidato del presidente colombiano Iván Duque, el economista Sergio Díaz Granados quién asumirá el próximo 1 de septiembre, otro fracaso de una diplomacia ineficaz de un gobierno vergonzoso.

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