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Israel avanza con un proyecto de ley que permite expulsar a familias de terroristas

Tras un acalorado debate, y a pesar de la objeción del fiscal general, el gabinete de seguridad aprobó el proyecto de ley patrocinado por el ministro de Educación, Naftali Bennett, y el diputado Motto Yogev del partido de derecha Habait Hayehudi.

Según el proyecto de ley, el jefe del Comando Central de las FDI podrá expulsar a las familias de los terroristas que llevan acabo o intentan perpetrar un atentado en un plazo de siete días a partir del incidente.

El mes pasado, oficiales del establishment de defensa dijeron a un comité de la Knesset que es legalmente imposible expulsar a los familiares de los atacantes a otras áreas de Cisjordania a menos que ellos mismos sean sospechosos de participar en actividades terroristas.

Bennett indicó que el debate sobre el proyecto de ley, que originalmente estaba previsto para hace unas semanas, se postergó a petición del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien prometió tomar medidas para combatir el terrorismo. Sin embargo, ya que el proyecto de ley no ha sido promovido hasta ahora, decidió avanzar con el proceso legislativo.

“Este es un paso importante para restaurar la disuasión. La participación en ataques terroristas se ha convertido en un negocio lucrativo. Los tribunales paralizaron al establishment de la defensa y evitaron que actuara. Me alegra que hayamos decidido aprobar el proyecto de ley, a pesar de la vigorosa oposición de los abogados que rodean a Netanyahu”, manifestó Bennett.

El Likud dijo en respuesta que el partido “apoya la ley para expulsar a las familias de los terroristas” y tiene la intención de llevarla al pleno la Knesset para su primera lectura.

Se han presentado numerosos proyectos de ley en los últimos años para permitir la deportación de las familias de los terroristas, pero ninguno de ellos se ha aprobado.

La ley actual permite al ministro del Interior despojar a los atacantes no ciudadanos o a sus familias de sus derechos de residencia en Israel. Una enmienda de 2008 a la Ley de la ciudadanía permite al ministro del Interior revocar la ciudadanía de las personas involucradas en actividades terroristas, entre otras circunstancias. El movimiento debe ser aprobado por un tribunal y por el fiscal general.

Una orden militar paralela permite a la Administración Civil del ejército expulsar a los terroristas o a sus familias de las zonas controladas por Israel a los territorios controlados por la Autoridad Palestina de Cisjordania.

Esto es posible en gran parte debido a que la ley que otorga a este ministro este poder fue promulgada antes de la Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad de 1992. Dado que la Ley Básica contiene una cláusula antigua, que protege la legislación de una revisión judicial, la Corte Suprema de Justicia no puede anular la ley existente porque contradice la Ley Básica, como podría hacerlo con cualquier legislación aprobada después de 1992.

Una nueva ley casi seguramente enfrentará el escrutinio de la Corte Suprema y podría ser anulada.

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