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Guatemala ratificó la designación de Hezbollah como organización terrorista global

Por George Chaya
El pasado martes el ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia emitió un comunicado en el que dio a conocer la decisión de su gobierno sobre la designación como organización terrorista global de Hezbollah tanto para su ala política como militar. Así, se sumo a varios países que han hecho lo propio en los últimos dos años.

Sin embargo, más cerca de la República Argentina, en el continente latinoamericano, los problemas para la agrupación libanesa chiita se profundizaron. Otro país, que trabajaba desde noviembre en un proyecto de ley para el caso, ratificó su decisión de una nueva designación sobre la organización. El gobierno de la República de Guatemala confirmó la designación del grupo político-militar libanés respaldado por Irán y a todas sus ramificaciones como una organización terrorista criminal transnacional.

A través de esta nueva calificación en el continente latinoamericano, Guatemala se sumó a la última designación regional efectuada por Honduras en enero de este año y a las de Argentina, Paraguay y Colombia, los otros tres estados latinoamericanos que lo habían hecho durante el año 2019.

La designación encuadra jurídicamente a Hezbollah y a cualquier grupo u organización que la represente, le preste apoyo o asista, en la categoría de terrorista global, siendo pasible de ser investigada, perseguida legalmente y a procederse a la incautación sus activos financieros como también a la detención y sometimiento a juicio penal de sus integrantes en forma conjunta con el gobierno y las agencias federales estadounidenses. Con esa designación se valida la aplicación de la ley local y/o estadounidense en todos los casos. Este último aspecto es un detalle muy particular en la designación puntual que ha llevado adelante Guatemala, toda vez que los anteriores países acordaron otras normas jurisdiccionales de investigación, procesos penales y tratados de extradición ante requerimientos específicos. En el caso guatemalteco, en el documento de designación de Hezbollah como organización criminal se incorporan aspectos jurídicos mucho más amplios que van en consonancia con un trazado táctico-estratégico mayor y se relacionan con las leyes federales estadounidenses.

Según fuentes de seguridad guatemaltecas, la designación de su país pretende aplicar una presión mayor a la legislada en otros países en materia de transacciones financieras e ingresos de fondos en favor de Hezbollah generados incluso en delitos conexos al trafico y la comercialización de drogas ilegales, al contrabando de cigarrillos, el fraude a través de la venta de marcas y tecnología falsificada y el posterior lavado del dinero generado por esa actividad criminal en el continente sudamericano, con especial foco en las sospechadas conexiones de grupos afines a la organización terrorista en territorio guatemalteco y sobre las actividades que se desarrollan en Paraguay, Brasil, Bolivia y Venezuela, luego de que las autoridades comprobaran que cientos de millones de dólares provenientes de la actividad delictiva generados en la zona de la Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) son desviados en el último año a Venezuela con la ayuda de cárteles de la droga regionales para su posterior lavado y remisión a su sede en Beirut.

A través de ese “modus operandi”, Hezbollah ha tratado de contraponer las perdidas ocasionadas por las férreas sanciones económicas de Washington que debilitaron tanto a la organización como a su principal patrocinador, la República Islámica de Irán.

Las agencias federales estadounidenses ejercieron gran presión sobre las actividades de Hezbollah en America Latina en los últimos tres años, con ello, han generado a la organización una grave crísis económica y financiera que se profundizo después de las sanciones de Washington de principios de 2019, cuando Estados Unidos firmó acuerdos con distintos países occidentales que derivaron en las conocidas designaciones de la organización pro-iraní como terrorista global en un importante número de países, incluso fuera de la región latinoamericana .

Así, desde 2019, el liderazgo de la organización terrorista debió instrumentar medidas de austeridad entre las que se destacan situaciones que han dado lugar a malestar entre las familias de combatientes y mártires caídos en combate en Siria que vieron recortados sus pagos y las pensiones de viudas y huérfanos. También los pagos en asistencia social se vieron recortados y desde enero de este año comenzó a ser muy común para los libaneses ver cajas metálicas grises con el logotipo de la organización para colocar dinero en donaciones que se solicita a las personas en las calles y barrios de Beirut y en el valle del Bekka, en el Líbano meridional.

Sin embargo, Hezbollah pudo sobrellevar -hasta el momento- esta etapa de pronunciada caída de sus fondos por el recorte de Teherán en el presupuesto mensual destinado a la organización dada la asfixia económica de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esto ocurrió, en gran parte por su actividad ilegal medianamente exitosa que desarrolla desde el año 2005, cuando amplio su rango criminal operacional al tráfico de cocaína en Latinoamerica, Europa y África, lo cuál le ha resultado muy rentable en términos de cientos de millones de dólares. Según las agencias antidrogas occidentales se estima que pudo facturar anualmente un promedio de 400 millones de dólares estadounidenses sólo a través del tráfico de cocaína en esos tres continentes.

Otro negocio rentable para Hezbollah en el último decenio ha sido la importación y exportación de automóviles desde Estados Unidos a través de América Latina hasta África y Europa. Las agencias de seguridad estiman que los últimos 15 años la red de Seguridad Exterior de Hezbollah recaudo unos 1000 millones de dólares anuales incluyendo el tráfico de piedras preciosas en África y otras actividades criminales como el contrabando de armas, las estafas con tarjetas de crédito y la falsificación de marcas de tecnología internacional.

Según un comunicado dado a conocer por la oficina de prensa de la presidencia guatemalteca, se indico que la designación de Guatemala se produjo después de un trabajo coordinado y conjunto con Washington para neutralizar, perseguir y reprimir la actividad criminal, el lavado de activos y el financiamiento de la organización terrorista libanesa como también de cualquier grupo satelital que pivotee pasiva o activamente en torno a sus intereses o su ideología.

La República Argentina fue el primer país del continente en congelar activos de Hezbollah después de calificarla como organización terrorista durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, en julio de 2019, bloqueó activos de más de una docena de personas identificadas como pertenecientes a la organización, algunas de las cuales, tenían directa relación con elementos radicalizados en la zona de la Triple Frontera compartida con Paraguay y Brasil. Actualmente, el gobierno argentino del presidente Alberto Fernandez mantiene la calificación de Hezbollah como organización terrorista global.

El paso dado por el gobierno argentino anterior fue un gran avance que pavimento el camino a la designación de Paraguay, la que se direccionó sobre elementos operativos identificados por su pertenencia a Hezbollah en ciudades guaraníes. A ellos se sumo Colombia por los lazos de grupos narco-terroristas aliados a la dictadura venezolana que operan en su territorio nacional.

Actualmente, la administración del presidente Donald Trump mantiene conversaciones con Perú y espera que antes del 20 de enero ese país avance en la calificación de la organización como terrorista global. Según funcionarios estadounidenses que han mencionado la detención de Mohamed Ghaleb Hamdar, en el distrito de Surquillo, Lima, en 2014: “Los antecedentes que disponen las agencias de seguridad peruanas alcanzan para que el nuevo gobierno decida positivamente en la lucha contra el terrorismo”.

Hamdar, un ciudadano libanes chi’ita de 30 años, era un elemento de avanzada en la región de la red exterior de operaciones subrepticias de Hezbollah conocida por los servicios de inteligencia occidentales como “Unidad 910”, al momento de su detención se le secuestraron armas, explosivos y documentos de identidad falsos de los que se sirvió para obtener una residencia legal en Perú para después casarse con una ciudadana peruana y comenzar a tramitar su ciudadanía.

Extraditado a Estados Unidos, Mohamed Hamdar colaboro en su juicio para reducir su condena, dio a conocer los planes y describió la totalidad de la estructura de la red de la Unidad 910 desplazada en América Latina y sus conexiones con Venezuela y Nicaragua desde los años en que Mahmmud Ahmadinejad era presidente de la República Islámica de Irán, cuando se construyeron fuertes lazos de amistad y una alianza estratégica con el fallecido dictador venezolano Hugo Chavez Frías. Esas relaciones entre Caracas y Teherán se han profundizado y continúan en el presente tanto con el régimen de Nicolás Maduro como con el dictador nicaragüense Daniel Ortega.

George Chaya es consultor experto en Oriente Medio en relaciones internacionales, seguridad y prevención del terrorismo. Es autor de “La Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI”, entre otros libros. Además, es columnista especializado en Oriente Medio del diario La Razón de Madrid.

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