El juicio por el pacto con Irán contra Cristina Kirchner tendrá una audiencia preliminar el 14 de diciembre

La jueza Gabriela López Iñiguez, presidenta del tribunal oral federal 8 (TOF 8) que debe juzgar la causa por el encubrimiento de Irán en la causa AMIA, reiteró este miércoles un pedido de recursos a la Corte Suprema de Justicia para poder afrontar el juicio de mayor trascendencia internacional contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por lo pronto, se convocó a una audiencia preliminar para el 14 de diciembre a fin de organizar cómo declararán unos 300 testigos. No se trata de la fecha de inicio de este juicio que ya tiene más de dos años de atraso.

El TOF 8 recordó que convocó a una declaración testimonial anticipada por videoconferencia al ex director de Interpol Ronald Noble para el 5 de octubre y a su segundo, Joel Sollier para el 19 de octubre, quienes residen, respectivamente, en Dubai (Emiratos Arabes Unidos) y la República de Francia, a pedido del Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini.

La querella de familiares muertos en el atentado de 1994, que representa Tomás Farini Duggan, analiza la posibilidad de pedir a la Cámara Federal de Casación Penal la nulidad del testimonio de Noble, ya que en el tramo de la causa que aún está en manos del juez Marcelo Martínez Di Giorgi, el ex titular de Interpol se encuentra imputado por supuestamente haber colaborado con la maniobra a favor de cinco funcionarios iraníes.

En este juicio oral se juzgará el supuesto intento de encubrir a los cinco imputados iraníes acusados de haber sido los autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, hecho que denunció en el 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. El atentado fue perpetrado por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah del Líbano.

Luego de un debate, se citó a Noble y se pospuso el pedido de Zannini de anular directamente este juicio oral. Seguramente, tras la declaración de Noble el TOF 8 opinará si sigue adelante con el juicio o no pero mientras tanto avanza con las medidas administrativas necesarias.

De todos modos, ya fue convocada para el 14 de diciembre la audiencia preliminar al debate oral y público, en el que serán juzgados la vicepresidenta; el ex titular de la AFI y senador nacional Oscar Parrilli; Zannini; el secretario de Justicia Juan Martín Menna y el ministro bonaerense Andrés Larroque; entre otros.

En fuentes judiciales es estima que el TOF 8, así como otros tribunales, desearían terminar este juicio antes de las elecciones legislativas del año próximo, aunque por la cantidad de testigos citados sería difícil avanzar tan rápido.

Mientras se dan esas discusiones procesal, la jueza López Iñiguez elevó el pedido de personal al presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, a quien le recordó “la urgencia de conformar un equipo de trabajo exclusivo” para la causa, “cuyo número y jerarquía posibilite encarar en condiciones razonables las exigencias que el caso impone, desde el momento actual y hasta la culminación”.

El pedido es a los fines de reforzar la vocalía 2, que encabeza López Iñiguez, del TOF 8, ya que allí se encuentra radicado el expediente, y es a la vez la única vocalía del tribunal natural de la causa dado que los otros dos jueces (Daniel Obligado y José Michilini) que intervienen en el caso son titulares de otros tribunales y solo integran este ante el apartamiento de dos colegas de cara a este juicio.

La jueza reclamó, tal como había hecho sin éxito en febrero y noviembre de 2019, “dos secretarios de cámara; dos secretarios de primera instancia; dos prosecretarios; un oficial relator y un escribiente auxiliar” a lo que agregó “un medio oficial (comúnmente denominado ordenanza) toda vez que el TOF 8 cuenta solamente con un cargo de esta especie”.

Un primer pedido de la jueza López Iñiguez ya fue autorizado por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz y el resto de los miembros del tribunal ya que las decisiones se toman por mayoría, explicó una fuente judicial. El segundo, también ya fue aprobada por la vocalía de Rosenkrantz y está circulando por las otras vocalías. Luego lo contratos los concreta la dirección de Recursos Humanos de la Corte.

“Sí he de remarcar que en la actualidad la vocalía se ve privada incluso de la única secretaria con la que se contaba pues dicha funcionaria se ha retirado transitoriamente de sus funciones por causa de su reciente maternidad”, completó la jueza.

“La situación concreta actual es que esta vocalía no cuenta con ningún secretario en funciones, siendo que en los hechos el puesto funcional de más alto rango es el de prosecretario administrativo”, detalló la magistrada.

López Iñiguez señaló, finalmente, que el refuerzo humano requerido es necesario a los fines de “procesar el cúmulo de documentación remitida a juicio, cuya digitalización está pendiente aún de realización; así como de todo lo necesario para poder llevar adelante las audiencias ya fijadas y preparar inmediatamente después la celebración del juicio oral”.

Por Daniel Santoro para Clarín