El antisemitismo en las redes sociales

Galante, comenzó explicando la tarea que realiza la fiscalía en donde trabaja: “Desde hace un tiempo funciona la primera fiscalía especializada en discriminación, y esto tiene relación directa con la ley antidiscriminatoria (Ley 23592), en la que fue transferida al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que hoy son los organismos judiciales quienes investigan y juzgan estos comportamientos”.

Respecto a la libertad de expresión, Gustavo Galante detalló: “Lo tenemos suficientemente esclarecido con la simple lectura de la Constitución Nacional y de La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica). Lo que se le restringe a los estados, es la censura previa”.

“Cada uno de nosotros puede decir o manifestar lo que quiera, salvo que esto este sujeto a la responsabilidad ulterior”, comentó el fiscal en referencia a la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado.

Además agregó: “No es fácil ni sencillo, pero creo que tenemos los medios técnicos, tecnológicos y los equipos necesarios para determinar de quien se trata”.

“Los fiscales son los que investigan, y una vez que tengan la materialidad del hecho y la autoría, le piden al juez que interviene el control.

Una vez que se produce el juicio, la pena prevista para estos hechos, tiene una escala punitiva de un mes a tres años de prisión”, concluyó Gustavo Galante.