Panamá, el “jamón del medio

En la columna del miércoles pasado, mencioné el axioma expresado por Lord Palmerston, que representa el pragmatismo de la Escuela Realista de las RR.II., “…no hay amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses permanentes”, y afirmé que todo Estado que se precie de ser respetado en el consenso global, su política exterior debería aplicar la visión de aquel 1er. ministro inglés, y cuando eso no ocurre, entonces quedará a merced de los intereses y objetivos geopolíticos y geoeconómicos de los grandes actores internacionales.

Lo señalado, servirá como introducción al tema a analizar, que es la situación de la República de Panamá, y la llamada “Cuestión del Canal”, que recordemos es la vía marítima navegable, que une el Mar Caribe –Puerto Cristóbal-, con en el Océano Pacífico –Puerto Balboa-, ubicado en el punto más estrecho del istmo panameño, 82 km, cuyas obras fueron iniciadas en 1881 por Francia, pero que se detuvieron en 1889, por falta de inversiones y que en 1904, fue retomada su construcción por los EE.UU., siendo inaugurado el 15 de agosto de 1914, pero previamente en noviembre de 1903, se firmó el Tratado Hay-Bunau-Varilla, también conocido como Convención del Canal Ístmico, que le concedió a Washington el derecho no sólo de la construcción, sino y más importante, tanto desde el punto estratégico como económico, la administración y la defensa del Canal a perpetuidad.
Además, los EE.UU. se constituyó en garante de la separación e independencia de Panamá de la República de Colombia, pagando una compensación de U$S 10 millones y una renta anual de U$S 250 mil, a cambio, el recién creado Estado panameño, entregó concesiones al gobierno estadounidense, que eran desventajosas, tanto en lo económico, en lo fiscal y por supuesto en su soberanía territorial, que implicaba la presencia militar y jurisdicción judicial federal de los tribunales de EE.UU., en la delimitada zona del canal.

Vale agregar, que el motivo por el cual los EE.UU., intervino en el proceso separatista panameño, estuvo en apoyar al Movimiento Secesionista Panameño, que se creó ante la negativa del Congreso colombiano, a las solicitudes de franquicias comerciales para el istmo, lo que perjudicaba a los panameños.

En 1968, se dio un golpe de Estado en Panamá liderado por el general de brigada Omar Torrijos, quién estableció un régimen autoritario, presidiendo el gobierno hasta 1981, y fue fundador del partido político Revolucionario Democrático, de centro-izquierda, pero con un fuerte sentimiento nacional, y fue entonces que en septiembre de 1977, logró la firma del Tratado Torrijos- Carter, llamado así por haber sido rubricado por ambos presidentes, el ya citado Omar Torrijos y el estadounidense Jimmy Carter, y se derogó el Tratado de 1903, devolviéndole la soberanía a Panamá a partir del 31 de diciembre de 1999, como respuesta a los reclamos panameños de décadas anteriores. Y uno de los principales funcionarios estadounidenses que influyó decididamente en la administración Carter, para firmar el citado Tratado, fue Henry Kissinger, quién en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en mayo de 1975, le advirtió al entonces presidente Gerard Ford, que el status quo de aquel momento parecía puro colonialismo, y de no de llegar a un Acuerdo con Panamá, tendría consecuencias negativas para los EE.UU. a nivel global y no debía ser un tema que enfrente a los EE.UU. con el resto del mundo, sin embargo, hay que recordar que en diciembre de 1989, bajo la presidencia de George H.W. Bush, se dio la operación militar estadounidense, “Causa Justa”, tras la declaración de guerra hecha por el dictador panameño, el Gral. Manuel Noriega, y por lo cual, Panamá estuvo 42 días en manos de la fuerzas armadas de los EE.UU., y las consecuencias fueron, la aprehensión de Noriega, acusado en los tribunales federales estadounidense, de encabezar una organización criminal y de tráfico internacional de drogas, y el final de su dictadura, tras lo cual, asumió como presidente electo de Panamá, Guillermo Endara.

El citado Tratado, estableció la disolución definitiva de la llamada “Zona del Canal”, pasando al gobierno panameño la administración, la operación y el mantenimiento de esta vía transoceánica, creándose la entidad gubernamental, denominada Autoridad del Canal de Panamá, pero también en 1978 se firmaron dos Acuerdos subsidiarios, uno es el Tratado de Neutralidad Permanente, por el que se estableció que el Canal es una vía marítima de tránsito internacional y neutral, que garantiza el libre paso de navíos de todos los países, aplicándose normativas justas, y que éste régimen se aplicará a cualquier otra vía navegable internacional que se construya en territorio panameño.

De esta manera, las relaciones entre Panamá y los EE.UU., son estratégicas y complejas, centrándose en la cooperación comercial y la seguridad regional, por el caso, ambos países colaboran en la aplicación de la ley marítima, y en lo económico, ambos países han firmado el Tratado de Promoción Comercial, que favorece las inversiones, las exportaciones de bienes y servicios, y la homologación del Dólar con el Balboa, como forma de integración monetaria y financiera, pero también en lo que hace al combate al C.O.T. y el Narcotráfico, y en el control de la problemática de la migración ilegal.

La administración y operación actual del Canal, por el ente estatal antes mencionado, que se encarga de la logística, el mantenimiento y el cobro de peajes, está a cargo del director general Ricaurte Vázquez, pero existen también operadores internacionales, que no tienen ni el control ni la soberanía de esa vía navegable, pues todo está regulado por el Centro de Control Marítimo panameño.

Entre los operadores internacionales, estaba la empresa Panamá Ports Company, filial del conglomerado chino C.K. Hutchison, con sede en Hong Kong, que operaba en los puertos de Cristóbal y Balboa, que tal como señalé, son las entradas y salidas del Canal, y recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, declaró de inconstitucionalidad la renovación de la concesión, dando origen a una crisis entre ambos países, un fallo judicial, por el que el gobierno del presidente José Raúl Mulino, no tiene facultades de vetar, más allá que representantes del Gigante Asiático, solicitaron reiteradamente, que el Ejecutivo panameño modificara el fallo, lo que obviamente fue rechazado, pues sería una violación a la independencia y separación de poderes.

Ante el hecho consumado, China respondió con medidas coercitivas sobre buques de bandera panameña que llegan a puertos chinos, argumentando razones de seguridad marítima, que según Beijing, están motivadas en antecedentes de incidentes y colisiones protagonizadas por embarcaciones panameñas.

La crisis entre Panamá y China, también se trasladó al seno de la OEA, durante la 56ª. reunión de su Asamblea General, llevada a cabo la semana pasada en Ciudad de Panamá, donde se dio un fuerte y ríspido intercambio diplomático, entre el canciller panameño Javier Martínez Acha, y el representante permanente de China ante la citada organización panamericana, Xie Fing, quién anticipó que la decisión panameña es una señal negativa a las inversiones extranjeras, y que no se han respetado los derechos e intereses de las empresas chinas, ante lo cual, el ministro de RR.EE. panameño defendió el Estado de Derecho que rige en su país y que es una prueba de la separación de poderes, que debe existir en un Estado democrático, que dista del sistema político autocrático chino.

Las declaraciones del canciller centroamericano, tuvieron como respuesta un comunicado emitido por la embajada de China en Panamá, donde se expresó, que los comentarios sobre el sistema político de China carecen de fundamento, y que las formas de hacer posible una democracia, son tan variadas como diversas, como la democracia popular china, y finaliza remarcando que Panamá debe actuar conforme a sus propios intereses, y no convertirse en instrumento de terceros actores, obviamente en referencia tácita a los EE.UU..

Por supuesto, esto dio lugar a la declaración del embajador de los EE.UU. en Panamá, Kevin Cabrera, que calificó de “mentira garrafal” el comunicado chino, y que hay relación entre la medida impuesta por las autoridades chinas sobre los buques panameños y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, y concluyó que el incremento a las inspecciones y controles sobre navíos panameños es del 400%, tras la resolución judicial ya mencionada.

Lo concreto es, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña, abre ahora la posibilidad a un proceso de transición administrativa y a la contratación transitoria de nuevos operadores, y es necesario señalar, que la cuestión de inconstitucionalidad se originó en anteriores presidencias, habida cuenta que la concesión china data de 1997, y la crisis que se ha generado por la cancelación de la concesión a la empresa china, tiene un peso estratégico y geoeconómico importante, y está ocupando espacios diplomáticos hemisféricos, en función de intereses de seguridad y de defensa del multilateralismo.

Ahora bien, a principios del año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump, cuestionó el Tratado Torrijos-Carter, considerando que había sido un tremendo error estratégico la entrega del Canal a Panamá, pues sostiene que China ejerce un control encubierto y una importante influencia en el área de dicha vía marítima, y representa un riesgo geopolítico y geoeconómico para los EE.UU., pero además, cuestionó el coste de los peajes, que considera excesivos y exigió un régimen preferencial para los buques estadounidenses, e incluso ha llegado a exigir la devolución del Canal, y pidió formalmente al Pentágono planes estratégicos para garantizar el “acceso sin restricciones” de los EE.UU., en función de la “Seguridad Nacional”.

Por supuesto, el presidente panameño José Raúl Mulino, a ratificado la soberanía absoluta de Panamá en el Canal, y que ni este status ni el Tratado Torrijos-Carter, ni los subsidiarios están en discusión, y que está garantizada la neutralidad internacional, no obstante, recientemente, el consorcio estadounidense liderado por BlackRock, ha llegado a un Acuerdo por el 90% de la Panamá Ports Company, que durante más de 20 años administraba la china CK Hutchison, pero la venta del paquete accionario, por U$S 22.800 millones, hizo que las acciones del conglomerado chino subieran el 20% en la Bolsa de Hong Kong, y por otro lado, el regocijo del presidente Trump, que declaró, “estamos recuperando el Canal”, un canal que posibilita movilizar el 5% de todo el comercio global, en particular para el comercio internacional entre Asia y América.

Pero, como le he señalado en reiteradas ocasiones, con la globalización las relaciones internacionales se dan en un escenario de interdependencia compleja, y es así, como el último conflicto en Medio Oriente, ha repercutido positivamente en lo que hace al Canal de Panamá, ya que las empresas que venden petróleo y gas, y los grandes fondos de inversión se han beneficiado, pues con el cierre del Estrecho de Ormuz, se buscaron rutas alternativas y seguras, una de éstas es el Canal de Panamá, por donde se ha incrementado el tránsito de buques en un 11% en los inicios de la guerra y ha llegado al pico de 20%, y esto se ha visto reflejado en una suba de los precios de peaje, por el caso, un buque gasífero está pagando un tarifa de U$S 4 millones por el transito a través del canal, lo que se ve reflejado en las declaraciones del Director Financiero de la Autoridad del Canal de Panamá, quién reconoció un aumento de los ingresos de entre el 10% y el 15%, lo que demuestra la importancia geoeconómica de esa vía interoceánica.

Finalizando la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes: 1) la crisis que se abrió entre la República de Panamá y la República Popular China, expone la importancia geopolítica y geoeconómica del Canal de Panamá, pues cuando el sistema vial marítimo es alterado por algún conflicto, todo el sistema tiende a adaptarse, aún cuando esto conlleva un aumento de costes del transporte naval y sus efectos en el comercio global, pero para Panamá es el principal motor de su economía, que le generó ingresos por U$S 5.700 millones, con una deducción para el fisco panameño de U$S 3.000 millones; 2) en lo geopolítico, refleja la puja y las tensiones recurrentes entre los EE.UU., el principal cliente e inversor en el Canal y China, que busca expandir su influencia comercial y logística, en particular en Latinoamérica, en base a una combinación de la diplomacia de las inversiones y la diplomacia de lobos, y que es contraria a la visión de la administración Trump, quién más allá de parafrasear “América para los americanos”, la presencia china en esa región, representa un riesgo para sus objetivos e intereses estratégicos y militares, que le permite movilizar sus fuerzas navales, de forma segura y rápida entre ambos océanos, y también en función a la llamada seguridad hemisférica; 3) para la República de Panamá, pero también para el resto de los países latinoamericanos, una lección a aprender, en cuanto a priorizar sus propios intereses y articular una política exterior pragmática, realista, desprovista de alineamientos ideológicos, y es por todo lo analizado, que la frase de para terminar, es por supuesto el axioma de Palmerston, “…no hay amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses permanentes”.-

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