Entre la libertad de expresión y la incitación al odio

Cada vez que hay un estallido bélico entre Israel y alguna de las poblaciones o naciones vecinas que la atacan produciendo muertos y heridos, se abre el debate por las reacciones de respuesta militar israelí que a su vez causan víctimas. El equilibrio perfecto entre defenderse neutralizando al agresor siempre es complejo, y el concepto de respuesta proporcional también es compleja por la necesidad de prevenir futuras reiteraciones.

Es lo que está pasando en este momento entre Israel, Hamas en Gaza y Hezbolla en Líbano. Si bien no dejan de estar presentes en el análisis de las causas del conflicto los argumentos históricos de quién tiene derecho a qué, -dependiendo de dónde se pone la línea de corte histórico sobre los derechos de cada nación-, esto queda de lado cuando hay que lidiar con la situación real inmediata de violencia. En ese contexto, hay medios de prensa, organizaciones políticas y colectivos de distinto origen que justifican la reacción de Israel, a la par que hay otros que la han condenado. Hasta allí es algo que ocurre en cualquier conflicto entre países -como recientemente para el caso de Rusia y Ucrania, en consideración al alineamiento con cada país de sus respectivos aliados-.

La diferencia es que en lugar de centrarse en la dimensión nacional de su población (como ocurre cuando se alude a los rusos, chinos, iraníes, sauditas, norteamericanos, franceses, etc.) en el caso de Israel se enfocan en la identidad religiosa de los connacionales del país, que es predominantemente judía. Entonces las expresiones de rechazo u hostilidad no se dirigen a las acciones de los israelíes sino genéricamente a “los judíos”, que por lo demás, mayoritariamente no son israelíes.

Esta introducción sirve de telón de fondo para comentar que recientemente hubo una controversia en una audiencia en el Congreso de EE.UU. con los presidentes de las universidades de Harvard, Pensilvania (UPenn) y el MIT. La discusión se centró en cómo estas instituciones manejan el antisemitismo en sus campus, especialmente en relación con el aumento de crímenes de odio desde el comienzo de la guerra en Gaza. Un punto de tensión fue cuando se les preguntó si «llamar al genocidio de los judíos» es acoso y hostigamiento según los códigos de conducta de sus universidades. Los presidentes universitarios tuvieron dificultades para proporcionar respuestas definitivas. Ofrecieron respuestas que no fueron ni completamente afirmativas ni negativas. En lugar de dar un simple «sí» o «no», enfatizaron la importancia del contexto y la diferencia entre la libertad de expresión y las acciones que violan las políticas institucionales contra la violencia y el acoso.

En entornos académicos, donde se valora la diversidad de opiniones, determinar cuándo una declaración cruza la línea hacia el acoso o el discurso de odio y discriminación es un desafío constante para preservar tanto la integridad académica como el respeto en el campus.

Los abogados de la acusación del caso de antisemitismo argumentan que, aunque la libertad de expresión es un derecho constitucional, no es ilimitada y no protege el discurso de odio que incita a la violencia o promueve la discriminación. Argumentan que declaraciones que sugieren que los judíos merecen un genocidio crean un clima de miedo y hostilidad que infringe los derechos de los estudiantes judíos a un entorno educativo seguro y libre de discriminación. A partir de eso, plantean una demanda para que se apliquen las leyes contra el acoso y la discriminación.

Difícil tarea de los legisladores para regular esta línea roja entre la libertad de expresión y la incitación al odio y al derecho a un ambiente seguro para todos los integrantes de la comunidad. El Tribunal Constitucional alemán alega que la prohibición de la ideología nazi constituye una excepción a la libertad de expresión. El párrafo 130 del Código Penal que establece este delito tiene un apartado que prohíbe explícitamente «aceptar, enaltecer o justificar» en un espacio público el «régimen violento y arbitrario nacionalsocialista», con penas de hasta tres años de cárcel.
===================================
PD: Un caso cercano al Perú para el debate de los límites de la libertad de expresión de los estudiantes universitarios y la prevención del discurso de odio lo tenemos en las expresiones de identificación con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF-2009), polémica organización vinculada con Sendero Luminoso a la que se acusan de apología al terrorismo y que demanda la liberación de los civiles, policías y militares implicados en la guerra interna desatada en el país por el grupo de ideología «marxista-leninista-maoísta» que buscaba el poder por medio de la lucha armada. El Movadef pide la amnistía de Abimael Guzmán fundador de Sendero Luminoso preso desde 1992 y demanda la liberación de este líder terrorista genocida. Dado que el MOVADEF tiene estos antecedentes por sus vínculos con Sendero Luminoso, que es una organización terrorista que históricamente ha promovido la violencia y constituye una amenaza a la seguridad y al orden público, sus expresiones libres también están limitadas por la ley.
===================================
En lo personal, en temas controversiales pero tan sensibles por su connotación histórica asociada a la violencia antisemita, prefiero una posición que se incline más a proteger a los judíos como afectados, no solo por su derecho a la seguridad y no discriminación, sino también por la enorme carga emocional asociada a sus antepasados que fueron víctimas directas del genocidio (Holocausto).

Esperaría de las máximas autoridades de las universidades, la suficiente sabiduría para entenderlo.