{"id":170959,"date":"2024-06-14T09:39:34","date_gmt":"2024-06-14T12:39:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiojai.com\/?p=170959"},"modified":"2024-06-14T17:21:57","modified_gmt":"2024-06-14T20:21:57","slug":"causa-amia-la-corte-interamericana-dictara-sentencia-este-viernes-tras-el-reclamo-del-cels-y-memoria-activa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2024\/06\/14\/170959\/causa-amia-la-corte-interamericana-dictara-sentencia-este-viernes-tras-el-reclamo-del-cels-y-memoria-activa\/","title":{"rendered":"La Corte Interamericana De Derechos Humanos sentenci\u00f3 que Argentina es culpable por no prevenir e investigar el atentado a la AMIA"},"content":{"rendered":"

Ante los jueces de la Corte, reunidos en Montevideo, el Estado argentino reconoci\u00f3 su responsabilidad por no proteger la vida de las v\u00edctimas en octubre del 2022.<\/strong><\/span><\/p>\n

\n
\n
\n
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*<\/span><\/strong><\/span><\/div>\n
<\/div>\n
CASO ASOCIACI\u00d3N CIVIL MEMORIA ACTIVA Y OTROS VS. ARGENTINA<\/strong><\/span><\/div>\n
SENTENCIA DE 26 DE ENERO DE 2024<\/strong><\/span><\/div>\n
(Fondo, Reparaciones y Costas)<\/div>\n
<\/div>\n
RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
El 26<\/span> de enero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, \u201cla <\/span><\/div>\n
Corte\u201d o \u201cel Tribunal\u201d) dict\u00f3 sentencia mediante la cual declar\u00f3 la responsabilidad internacional<\/div>\n
de la Rep\u00fablica Argentina (en adelante, \u201cArgentina\u201d o \u201cel Estado\u201d) por las violaciones a<\/div>\n
diversos derechos en perjuicio de las v\u00edctimas del atentado a la sede de la Asociaci\u00f3n Mutual<\/div>\n
Israelita Argentina (en adelante, \u201cAMIA<\/span>\u201d) y sus familiares identificados en<\/span><\/span> la sentencia. <\/span>L<\/span>a <\/span><\/span><\/span><\/div>\n
Corte consider\u00f3 que el Estado no adopt\u00f3 medidas razonables para prevenir el atentado, lo que<\/div>\n
implic\u00f3 una violaci\u00f3n a los derechos a la vida y a la integridad personal, y al principio de<\/div>\n
igualdad y no discriminaci\u00f3n, en perjuicio de las v\u00edctimas del atentado y <\/span>sus familiares.<\/div>\n
Asimismo, concluy\u00f3 que el Estado es responsable por la violaci\u00f3n de los derechos a las<\/div>\n
garant\u00edas judiciales y a la protecci\u00f3n judicial por no cumplir con su deber de investigar con la<\/div>\n
debida diligencia y dentro de un plazo razonable el atentado y su<\/span> encubrimiento.<\/div>\n
Adicionalmente, la Corte se\u00f1al\u00f3 que el Estado vulner\u00f3 el derecho de acceso a la informaci\u00f3n<\/div>\n
por no haber garantizado un acceso real a los archivos estatales con documentaci\u00f3n sobre el<\/div>\n
atentado y el derecho a la verdad por haber encubierto<\/span> el atentado y obstaculizado<\/span> su<\/span><\/span><\/div>\n
investigaci\u00f3n. Finalmente, la Corte consider\u00f3 que el Estado viol\u00f3 el derecho a la integridad<\/div>\n
personal de los familiares de las v\u00edctimas identificados en la sentencia. En consecuencia,<\/div>\n
concluy\u00f3 que el Estado es responsable por la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 4.1, 5, 8, 13, 24 y 25.1<\/span><\/div>\n
de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, \u201cla Convenci\u00f3n <\/span><\/div>\n
Americana\u201d o \u201cla Convenci\u00f3n\u201d), en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1.1 y 2 del mismo instrumento. <\/span><\/div>\n
<\/div>\n
Argentina reconoci\u00f3 su responsabilidad internacional por los hechos y la violaci\u00f3n de los<\/div>\n
derechos que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos identific\u00f3 como violados en<\/div>\n
su Informe de Fondo. La Corte valor\u00f3 dicho reconocimiento y destac\u00f3 que signific\u00f3 una<\/div>\n
contribuci\u00f3n positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la<\/div>\n
Convenci\u00f3n y a la satisfacci\u00f3n de las necesidades de reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/div>\n
<\/div>\n
I.<\/span> HECHOS <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
El 18 de julio de 1994, a las 9h53, un veh\u00edculo con una carga explosiva equivalente a entre<\/div>\n
300 y 400 kilos de T.N.T., fue detonado en las inmediaciones de la calle Pasteur 633, sede de<\/div>\n
la AMIA y otras instituciones ligadas a la comunidad jud\u00eda. Como consecuencia directa de la<\/div>\n
explosi\u00f3n, murieron 85 personas y 151 resultaron heridas. Para ese momento, la Corte<\/div>\n
Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n y la Secretar\u00eda de Inteligencia del Estado (en adelante, \u201cla <\/span><\/div>\n
SIDE\u201d) estaban investigando el atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos<\/div>\n
Aires el 17 de marzo de 1992. Con el fin de dilucidar lo acontecido el 18 de julio de 1994 y<\/div>\n
sus responsables, se abrieron las siguientes investigaciones judiciales:<\/div>\n
<\/div>\n
1) Causa sobre la \u201c<\/span>conexi\u00f3n local\u201d<\/span><\/span> <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n
* Integrada por los siguientes jueces: Nancy Hern\u00e1ndez L\u00f3pez, <\/span>Presidenta; Rodrigo Mudrovitsch, Vicepresidente; <\/span>Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Ricardo C. P\u00e9rez Manrique, Juez; y Patricia P\u00e9rez Goldberg, Jueza. Presente, adem\u00e1s, el Secretario, Pablo Saavedra Alessandri. La Jueza Ver\u00f3nica G\u00f3mez,<\/div>\n
de nacionalidad argentina, no particip\u00f3 en la tramitaci\u00f3n del presente caso ni en la deliberaci\u00f3n y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte. La Secretaria Adjunta, Romina I. Sijniensky, se excus\u00f3 de participar en la tramitaci\u00f3n del presente caso y en la deliberaci\u00f3n de esta<\/div>\n
Sentencia.<\/div>\n<\/div>\n
Esta causa se inici\u00f3 ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No. 9 de la Capital<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
Federal a cargo del Juez Juan Jos\u00e9 Galeano y ten\u00eda por objeto investigar<\/span> los hechos alrededor<\/div>\n
de los ciudadanos argentinos acusados de brindar apoyo log\u00edstico y operativo para el atentado.<\/div>\n
El 25 de julio de 1994, se encontr\u00f3 entre los escombros del atentado la pieza de un motor<\/div>\n
cuyo n\u00famero de serie correspond\u00eda a un veh\u00edculo cuyo \u00faltimo propietario hab\u00eda sido Carlos<\/div>\n
Telleld\u00edn, quien fue detenido el 27 de julio de 1994 tras ser acusado de entregar el veh\u00edculo a<\/div>\n
las personas responsables de planificar el atentado. El 5 de julio de 1996, el se\u00f1or Telleld\u00edn<\/div>\n
brind\u00f3 una declaraci\u00f3n indagatoria en la que modific\u00f3 sus declaraciones anteriores e indic\u00f3<\/div>\n
que agentes de la Polic\u00eda de la Provincia de Buenos Aires lo hab\u00edan extorsionado para que<\/div>\n
vendiera el veh\u00edculo. El 26 de febrero de 2000, a partir de esta declaraci\u00f3n y otras diligencias<\/div>\n
investigativas, el Juez Galeano dict\u00f3 auto de elevaci\u00f3n a juicio oral contra Carlos Telleld\u00edn y<\/div>\n
cuatro polic\u00edas de la Provincia de Buenos Aires.<\/div>\n
<\/div>\n
El 29 de octubre de 2004, el Tribunal Oral Federal No. 3 declar\u00f3 la nulidad de la investigaci\u00f3n<\/div>\n
adelantada por el Juez Galeano y absolvi\u00f3 a todos los acusados. El Tribunal tuvo por<\/div>\n
demostrado que, en los meses previos al cambio de su declaraci\u00f3n, el se\u00f1or Telleld\u00edn mantuvo<\/div>\n
dos encuentros informales con el Juez Juan Jos\u00e9 Galeano en los que se intent\u00f3 acordar una<\/div>\n
declaraci\u00f3n a cambio de dinero. Se tuvo por probado que consisti\u00f3 en una \u201cactividad irregular <\/span><\/div>\n
del Estado dirigida a obtener un responsable, m\u00e1s all\u00e1 de lo realmente acontecido\u201d en donde <\/span><\/div>\n
se pag\u00f3 400.000 d\u00f3lares de fondos reservados de la SIDE. De tal modo, el Juez Galeano fue<\/div>\n
apartado de la investigaci\u00f3n del atentado y destituido de su cargo el 3 de agosto de 2005. La<\/div>\n
persecuci\u00f3n penal en el caso de la \u201cconexi\u00f3n local<\/span>\u201d se reanud\u00f3 ante el Juzgado de lo Criminal <\/span><\/div>\n
y Correccional No. 6. El 8 de febrero de 2005 se deleg\u00f3 la investigaci\u00f3n del caso a la Unidad<\/div>\n
Fiscal para la Investigaci\u00f3n de la causa AMIA (en adelante, \u201cUFI AMIA\u201d), quien solicit\u00f3, en<\/div>\n
agosto de 2012, la elevaci\u00f3n a juicio oral contra Carlos Telleld\u00edn. El 23 de diciembre de 2020,<\/div>\n
el Tribunal Oral Federal No. 3 absolvi\u00f3 a Carlos Telleld\u00edn por no haberse demostrado que<\/div>\n
tuviera conocimiento del atentado, ni intenci\u00f3n de colaborar con quienes lo cometieron.<\/div>\n
<\/div>\n
2)<\/span> Causa sobre la \u201c<\/span>conexi\u00f3n internacional\u201d<\/span><\/span> <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
Esta causa fue iniciada ante el Juez Galeano y ten\u00eda como fin esclarecer la identidad de aquellos<\/div>\n
autores materiales e intelectuales del atentado. A partir de una llamada que recibi\u00f3 el se\u00f1or<\/div>\n
Telleld\u00edn el 10 de julio de 1994 por parte de A.K.E., de nacionalidad siria, y <\/span>otras diligencias<\/div>\n
investigativas, se dispuso la intervenci\u00f3n telef\u00f3nica de l\u00edneas telef\u00f3nicas vinculadas a A.K.E. y<\/div>\n
el allanamiento de domicilios asociados a una empresa de su propiedad; esta l\u00ednea de<\/div>\n
investigaci\u00f3n se denomin\u00f3 \u201cPista Siria\u201d. En esta etapa de la investigaci\u00f3n, hubo \u00f3rdenes de <\/span><\/span><\/div>\n
allanamiento que no fueron ejecutadas sin explicaci\u00f3n alguna y grabaciones de las l\u00edneas<\/div>\n
interceptadas que se extraviaron. A\u00f1os m\u00e1s tarde, en la sentencia en el juicio sobre<\/div>\n
encubrimiento, se demostr\u00f3 que el juez Galeano deliberadamente \u201cdiscontinu\u00f3, interrumpi\u00f3 y <\/span><\/div>\n
demor\u00f3 la investigaci\u00f3n\u201d de pistas vinculadas a A.K.E. <\/span><\/div>\n
<\/div>\n
Una vez apartado el Juez Juan Jos\u00e9 Galeano, la causa qued\u00f3 radicada en el Juzgado en lo<\/div>\n
Criminal y Correccional No. 6 de la Capital Federal. El 25 de octubre de 2006, la UFI AMIA<\/div>\n
emiti\u00f3 un dictamen en el que concluy\u00f3 que el atentado fue ejecutado por I.H.B., un ciudadano<\/div>\n
liban\u00e9s y miembro del Hezbollah, y que la responsabilidad del atentado reca\u00eda en el gobierno<\/div>\n
de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n. A su vez, el 20 de mayo de 2009, la UFI AMIA present\u00f3 una<\/div>\n
acusaci\u00f3n en contra de una persona de nacionalidad colombiana, como el responsable de<\/div>\n
coordinar la log\u00edstica local del atentado. El 7 de noviembre de 2007 y el 9 de junio de 2009 se<\/div>\n
orden\u00f3 la captura internacional de los presuntos responsables del atentado, por lo que la<\/div>\n
INTERPOL emiti\u00f3 notificaciones rojas. <\/span>En julio de 2017, la UFI AMIA inform\u00f3 que el estudio de<\/div>\n
muestras gen\u00e9ticas y otros restos encontrados en los laboratorios de la Polic\u00eda Federal<\/div>\n
Argentina permiti\u00f3 llegar a la identificaci\u00f3n de la v\u00edctima No. 85 y <\/span>avanzar en la confirmaci\u00f3n<\/div>\n
de que el artefacto que explot\u00f3 fue una camioneta Renault Trafic.<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
La publicaci\u00f3n de informes de gesti\u00f3n por parte de la UFI AMIA se hab\u00edan discontinuado en<\/div>\n
diciembre de 2017 y no se retomaron sino hasta el 2022. El 7 de junio de 2022, el Juzgado<\/div>\n
No. 6 celebr\u00f3 una audiencia para abordar las dificultades de las partes en el acceso real a la<\/div>\n
informaci\u00f3n desclasificada sobre el atentado y su encubrimiento. <\/span>El juez exhort\u00f3 a la UFI AMIA<\/div>\n
a proveer peri\u00f3dicamente a las partes de documentaci\u00f3n procesada y analizada, y al Ministerio<\/div>\n
P\u00fablico Fiscal y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a suministrar los recursos<\/div>\n
necesarios al <\/span>Grupo Especial de Relevamiento y An\u00e1lisis Documental (en adelante, \u201cGERAD\u201d); <\/span><\/div>\n
agencia estatal creada en 2015 con el objeto de que identifique, organice y preserve el<\/div>\n
material desclasificado relacionado con el atentado. En el 2023, se conform\u00f3 dentro de la UFI<\/div>\n
AMIA el \u00c1rea de An\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n desclasificada, a la que se le transfirieron las<\/div>\n
atribuciones del GERAD.<\/div>\n
<\/div>\n
3)<\/span> Procesos judiciales respecto del encubrimiento del atentado <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
La causa principal sobre el encubrimiento del atentado investig\u00f3: (a) el desembolso de<\/div>\n
400.000 d\u00f3lares a Carlos Telleld\u00edn con el objeto de que cambiara su declaraci\u00f3n; y (b) la falta<\/div>\n
de profundizaci\u00f3n de la \u201c<\/span>P<\/span>ista Siria\u201d.<\/span> El 28 de febrero de 2019, <\/span>el Tribunal Oral Federal No. 2<\/div>\n
conden\u00f3 a Juan Jos\u00e9 Galeano, a los fiscales Mullen y Barbaccia, quienes participaron en la<\/div>\n
primera etapa de la investigaci\u00f3n, y a funcionarios policiales y de la SIDE a diversas penas de<\/div>\n
prisi\u00f3n; a su vez, se absolvi\u00f3 a otros cinco funcionarios. <\/span>Por \u00faltimo, las causas \u201cV. y otros\u201d<\/span>, <\/span><\/div>\n
\u201cSecretarios\u201d y sobre el Memor\u00e1ndum de entendimiento entre Argentina e Ir\u00e1n se encuentran<\/div>\n
a\u00fan en tr\u00e1mite ante los tribunales locales al momento de redacci\u00f3n de la Sentencia.<\/span><\/div>\n
<\/div>\n
II.<\/span> FONDO <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
A.<\/span> Derecho a la vida, a la integridad personal y derecho a la vida <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
La Corte destac\u00f3 que el terrorismo es un fen\u00f3meno que pone en peligro los derechos y<\/div>\n
libertades de las personas y que la Convenci\u00f3n Americana obliga a los Estados Partes a adoptar<\/div>\n
aquellas medidas que resulten adecuadas, necesarias y proporcionales para prevenir ese tipo<\/div>\n
de actos. La Corte observ\u00f3 que la ausencia de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n a los responsables del<\/div>\n
atentado a la Embajada de Israel en 1992 creaba una situaci\u00f3n de impunidad que propici\u00f3<\/div>\n
que se mantuviera latente una situaci\u00f3n de inseguridad. Adi<\/span>cionalmente, se dieron dos hechos<\/div>\n
de alerta previos al atentado: (i) la denuncia de un ciudadano brasile\u00f1o sobre la identidad de<\/div>\n
una persona que habr\u00eda participado en el atentado contra la Embajada de Israel; y (ii) el<\/div>\n
sobrevuelo de un helic\u00f3ptero a la AMIA en la ma\u00f1ana del 18 de julio de 1994. A su vez, se<\/div>\n
demostr\u00f3 que la SIDE ten\u00eda conocimiento de la posibilidad de un nuevo atentado en el pa\u00eds y <\/span><\/div>\n
el Estado admiti\u00f3 expresamente \u201cno haber adoptado medidas id\u00f3neas y eficaces para prevenir <\/span><\/span><\/div>\n
el atentado \u2013<\/span> teniendo en cuenta que dos a\u00f1os antes se hab\u00eda producido un hecho terrorista<\/div>\n
contra la Embajada de Israel-\u201d<\/span>. <\/span>L<\/span>a <\/span>Corte concluy\u00f3 que el Estado conoc\u00eda de una situaci\u00f3n de<\/div>\n
riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad jud\u00eda y que no adopt\u00f3<\/div>\n
las medidas razonables para evitar dicho riesgo. De esta forma consider \u00f3 que el Estado viol\u00f3<\/div>\n
su obligaci\u00f3n de prevenci\u00f3n y por tanto es responsable de la violaci\u00f3n a los derechos a la vida<\/div>\n
y a la integridad personal en perjuicio de las v\u00edctimas del atentado. Adicionalmente, en base<\/div>\n
al reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte tambi\u00e9n declar\u00f3 violado el principio<\/div>\n
de igualdad y no discriminaci\u00f3n. <\/span>Por consiguiente, la Corte concluy\u00f3 que el Estado es<\/div>\n
responsable de la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 4.1, 5 y 24 de la Convenci\u00f3n Americana, en relaci\u00f3n<\/div>\n
con el art\u00edculo 1.1<\/span> del mismo instrumento.<\/div>\n
<\/div>\n
B.<\/span> Derechos a las garant\u00edas judiciales y a la protecci\u00f3n judicial <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
En la primera etapa de la investigaci\u00f3n, a cargo del Juez Juan Jos\u00e9 Galeano, el Estado utiliz\u00f3 <\/span><\/span><\/div>\n
su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigaci\u00f3n a trav\u00e9s de una serie de<\/div>\n
irregularidades en la pr\u00e1ctica de diligencias esenciales y el abandono deliberado de algunas<\/div>\n
l\u00edneas de investigaci\u00f3n. <\/span>En particular, la Corte sostuvo que: (i) no se cumpli\u00f3 con el<\/span> deber de<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
proteger la escena del hecho y recoger de manera adecuada las pruebas; (ii) se llevaron a<\/div>\n
cabo diligencias investigativas al margen del expediente judicial; (iii) existieron evidentes<\/div>\n
omisiones y la falta a una debida custodia de pruebas relativas a la \u201cPista Siria<\/span>\u201d<\/span><\/span>; y (iv) se<\/div>\n
realiz\u00f3 un pago con fondos de la SIDE para que Carlos Telleld\u00edn modificara su declaraci\u00f3n.<\/div>\n
Respecto del segundo tramo de la investigaci\u00f3n delegada a <\/span>la UFI AMIA, <\/span>se constat\u00f3 una falta<\/div>\n
de impulso en la investigaci\u00f3n y errores graves en el manejo de la prueba. No fue sino hasta<\/div>\n
el 2015 que se orden\u00f3 un inventario completo de la prueba forense del caso y se encontraron<\/div>\n
restos humanos no identificados. A pesar de que contaban con muestras desde el inicio de la<\/div>\n
investigaci\u00f3n, reci\u00e9n en 2016 se identific\u00f3 a la v\u00edctima No. 85 del atentado. Asimismo, <\/span>se debi\u00f3<\/div>\n
adoptar una serie de medidas en forma diligente y exhaustiva con el objetivo de recabar la<\/div>\n
mayor cantidad de prueba que respaldara la versi\u00f3n de los hechos consignada en los informes<\/div>\n
de inteligencia.<\/div>\n
<\/div>\n
Adicionalmente, la Corte concluy\u00f3 que el plazo de m\u00e1s de veinte a\u00f1os de los diferentes<\/div>\n
procesos penales por el encubrimiento del atentado a la AMIA, sin que se haya podido<\/div>\n
determinar en firme la responsabilidad de los diferentes actores, se ha extendido m\u00e1s all\u00e1 de<\/div>\n
un plazo razonable. Por otra parte, la Corte considera que el Estado es culpable de no respetar<\/div>\n
la garant\u00eda del juez imparcial. Las sentencias del TOF 3 de 2004 y del TOF 2 en 2019<\/div>\n
confirmaron la falta de imparcialidad e independencia del Juez Galeano y, si bien se han<\/div>\n
realizado juzgamientos en sede interna sobre la falta de un juez imparcial, los procesos no<\/div>\n
han respetado el plazo razonable.<\/div>\n
<\/div>\n
En virtud de lo expuesto anteriormente, esta Corte concluye que el Estado incurri\u00f3 en una<\/div>\n
falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de<\/div>\n
la regi\u00f3n. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del<\/div>\n
material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducci\u00f3n deficiente del<\/div>\n
desarrollo de la investigaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se comprobaron una serie de maniobras realizadas<\/div>\n
por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigaci\u00f3n y encubrir a los verdaderos<\/div>\n
autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente<\/div>\n
sancionados. Frente a estas maniobras de encubrimiento, se origin\u00f3 un nuevo deber del<\/div>\n
Estado de investigar y sancionar a los responsables de este encubrimiento, deber que tampoco<\/div>\n
ha sido ejecutado de manera diligente ni en un plazo razonable. Por todo lo anterior, a casi<\/div>\n
30 a\u00f1os del atentado todav\u00eda no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las<\/div>\n
razones por las cuales el Estado utiliz\u00f3 su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la<\/div>\n
investigaci\u00f3n. De esta forma, la Corte considera que el Estado es responsable por la violaci\u00f3n<\/div>\n
a los art\u00edculos 8 y 25.1 de la Convenci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1.1 del mismo instrumento, <\/span><\/div>\n
en perjuicio de los familiares de las v\u00edctimas del atentado.<\/div>\n
<\/div>\n
C.<\/span> Derechos de acceso a la informaci\u00f3n y a la verdad <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
La Corte constat\u00f3 que, al momento de los hechos, no hab\u00eda normativa que regulara la facultad<\/div>\n
de la SIDE de desempe\u00f1arse<\/span> como auxiliar de la justicia en el marco de las investigaciones<\/div>\n
penales y, a su vez, se le reconoc\u00edan facultades discrecionales en materia de administraci\u00f3n y<\/div>\n
disposici\u00f3n de fondos reservados. <\/span>Asimismo, consider\u00f3 que a\u00fan existen problemas de<\/div>\n
regulaci\u00f3n de los servicios de inteligencia, por ejemplo, la ausencia de reglamentaci\u00f3n de las<\/div>\n
solicitudes de desclasificaci\u00f3n y de las condiciones de ingreso de la informaci\u00f3n de inteligencia<\/div>\n
a las causas judiciales. <\/span><\/div>\n
<\/div>\n
A lo largo de la investigaci\u00f3n del atentado y su encubrimiento, <\/span>los familiares de las v\u00edctimas<\/div>\n
no tuvieron acceso a la totalidad del expediente debido al recurso a la informaci\u00f3n clasificada,<\/div>\n
los legajos reservados y los testigos de identidad protegida. La Corte sostuvo que la decisi\u00f3n<\/div>\n
de desclasificar informaci\u00f3n vinculada al atentado e iniciar un <\/span>proceso de relevamiento de la<\/div>\n
documentaci\u00f3n no garantiz\u00f3 plenamente el derecho de acceso a la informaci\u00f3n en tanto no<\/div>\n
exist\u00eda una pol\u00edtica articulada de desclasificaci\u00f3n y, en la pr\u00e1ctica, el acceso a la informaci\u00f3n<\/div>\n
no era real debido a la falta de procesamiento y al gran volumen de la documentaci\u00f3n.<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
Asimismo, las m\u00faltiples falencias del Estado en la determinaci\u00f3n de la verdad hist\u00f3rica sobre<\/div>\n
el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, as\u00ed como las<\/div>\n
dificultades que han tenido los familiares de las v\u00edctimas del atentado en acceder a la<\/div>\n
informaci\u00f3n sobre el caso, <\/span>vulneraron el derecho a la verdad. En virtud de lo expuesto, la<\/div>\n
Corte concluy\u00f3 que el Estado viol\u00f3 los art\u00edculos 8.1, 25.1 y 13 de la Convenci\u00f3n Americana,<\/div>\n
en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de las v\u00edctimas<\/div>\n
sobrevivientes del atentado y sus familiares.<\/div>\n
D.<\/span> Derecho a la integridad personal de los familiares <\/span><\/span><\/div>\n
<\/div>\n
Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en<\/div>\n
general, la falta de esclarecimiento y la situaci\u00f3n de impunidad, han provocado en los<\/div>\n
familiares de las v\u00edctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustraci\u00f3n. En particular,<\/div>\n
Adriana Reisfeld, Diana Wassner y Jorge Lew, peticionarios en el presente caso, han tenido<\/div>\n
que enfrentar m\u00faltiples obst\u00e1culos que les han impedido su efectiva participaci\u00f3n en los<\/div>\n
procesos de investigaci\u00f3n y los procesos judiciales. <\/span>En virtud de ello, la Corte concluy\u00f3 que el<\/div>\n
Estado viol\u00f3 el art\u00edculo 5.1 de la Convenci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1.1 del mismo<\/div>\n
instrumento.<\/div>\n
<\/div>\n
III.<\/span> REPARACIONES <\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
La Corte determin\u00f3 las siguientes medidas de reparaci\u00f3n integral<\/strong>:<\/div>\n
<\/div>\n
A. Obligaci\u00f3n de investigar: se orden\u00f3 al Estado, de forma inmediata, rem<\/span>over todos los <\/span><\/span><\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
obst\u00e1culos, de facto<\/span> y <\/span>de jure, que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar<\/span>, <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
continuar<\/span>, impulsar<\/span> y\/o reabrir<\/span> las investigaciones que sean necesarias para <\/span><\/strong><\/div>\n
individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del<\/strong><\/div>\n
presente caso, su encubrimiento y, as\u00ed, poder establecer la verdad de lo ocurrido, todo<\/strong><\/div>\n
ello en un plazo razonable.<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
B. Medidas de satisfacci\u00f3n: se orden\u00f3 la publicaci\u00f3n de la sentencia y de su resumen, la <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
realizaci\u00f3n de un acto p\u00fablico de reconocimiento y un documental audiovisual sobre<\/strong><\/div>\n
los hechos del presente caso, y la creaci\u00f3n de un archivo hist\u00f3rico accesible a todo el<\/strong><\/div>\n
p\u00fablico sobre los hechos del atentado, la investigaci\u00f3n, su encubrimiento y el rol de las<\/strong><\/div>\n
asociaciones de v\u00edctimas.<\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
C. Garant\u00edas de no repetici\u00f3n: se orden\u00f3 que el Estado regule la incorporaci\u00f3n como <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
evidencia judicial de informaci\u00f3n de inteligencia y desarrolle un programa de<\/strong><\/div>\n
capacitaci\u00f3n sobre su utilizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se orden\u00f3 dar pleno acceso a las v\u00edctimas y<\/strong><\/div>\n
a los querellantes a todas las investigaciones e informaci\u00f3n vinculada con el atentado<\/strong><\/div>\n
y su encubrimiento. <\/span>Se dispuso que la totalidad de los archivos sean ubicados en un<\/strong><\/div>\n
mismo espacio f\u00edsico, donde se garantice su correcta conservaci\u00f3n. Por \u00faltimo, se<\/strong><\/div>\n
orden\u00f3 que se implemente la<\/span> creaci\u00f3n de un \u00e1rea de an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n de<\/strong><\/div>\n
inteligencia desclasificada.<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
D. Indemnizaciones compensatorias: se orden\u00f3 pagar las sumas monetarias fijadas en la <\/span><\/span><\/span><\/span><\/strong><\/div>\n
sentencia por los conceptos relativos al da\u00f1o material e inmaterial y <\/span>el reintegro de<\/strong><\/div>\n
costas y gastos. <\/span><\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisar\u00e1 el cumplimiento \u00edntegro de la<\/strong><\/div>\n
Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la <\/strong>Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, y dar\u00e1 por concluido el caso una vez que el <\/strong>Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
El texto \u00edntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace:<\/div>\n
https:\/\/jurisprudencia.corteidh.or.cr\/serie-c\/sentencia\/1039244171<\/a><\/div>\n
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Ante los jueces de la Corte, reunidos en Montevideo, el Estado argentino reconoci\u00f3 su responsabilidad por no proteger la vida de las v\u00edctimas en octubre del 2022. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS* CASO ASOCIACI\u00d3N CIVIL MEMORIA ACTIVA Y OTROS VS. ARGENTINA SENTENCIA DE 26 DE ENERO DE 2024 (Fondo, Reparaciones y Costas) RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA El 26 de enero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, \u201cla Corte\u201d o \u201cel Tribunal\u201d) dict\u00f3 sentencia mediante la cual declar\u00f3 la responsabilidad internacional de la Rep\u00fablica Argentina (en adelante, \u201cArgentina\u201d o \u201cel Estado\u201d) por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de las v\u00edctimas del atentado a la sede de la Asociaci\u00f3n Mutual Israelita Argentina (en adelante, \u201cAMIA\u201d) y sus familiares identificados en la sentencia. La Corte consider\u00f3 que el Estado no adopt\u00f3 medidas razonables para prevenir el atentado, lo que implic\u00f3 una violaci\u00f3n a los derechos a la vida y a la integridad personal, y al principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n, en perjuicio de las v\u00edctimas del atentado y sus familiares. Asimismo, concluy\u00f3 que el Estado es responsable por la violaci\u00f3n de los derechos a las garant\u00edas judiciales y a la protecci\u00f3n judicial por …<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":170960,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[33,60],"tags":[157,126,1290,1335,16456,15118,109,4189,16455],"class_list":["post-170959","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-argentina","category-causa-amia","tag-157","tag-argentina","tag-atentado-a-la-amia","tag-causa-amia","tag-cels","tag-corte-internacional","tag-israel","tag-memoria-activa","tag-sentencia-en-la-causa-amia"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/170959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=170959"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/170959\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/170960"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=170959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=170959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=170959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}