Acá de lo que se trata es de tener reglas claras y transparentes

A raíz del escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”, Radio Jai dialogó con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

“Es evidente que es imposible garantizar que toda la población de un país tenga acceso simultáneo a la vacuna, un bien escaso no solo en Argentina, también en EEUU, Europa y más.

Hay dificultades para garantizar ese acceso, así que es lógico que esto represente un problema, y lo representa también no solo por la producción de la vacuna, sino por su distribución masiva. Es un hecho inédito que tiene enormes desafíos: como uno garantiza su distribución a nivel nacional, lo que implica unos enormes costos financieros, y además son procedimientos muy complejos desde perspectivas administrativas y sanitarias”.

“Acá de lo que se trata es de tener reglas claras y transparentes que permitan establecer criterios serios para priorizar la administración y la distribución de la vacuna. Hay que establecer criterios de priorización, jamás de discriminación. Esta priorización debe estar fundada en dos conceptos básicos: por un lado, el criterio de necesidad médica y por el otro lado los criterios de salud pública. La sociedad debe entender que los mayores sufren una vulnerabilidad específica y que tienen patologías que hacen urgente su inoculación, por el grado de riesgo en el que se encuentran”.

En relación de la aplicación irregular de la vacuna del COVID-19, opinó: “No se puede hacer lo que ha ocurrido en Argentina o en Perú, sin ninguna transparencia privilegiar el acceso a la vacuna a aquellos que estén cercanos al gobierno de turno, o que comparten ideología con alguna autoridad y eso le permite un acceso privilegiado que en la práctica significa saltarse la fila y entrar en categorías absurdas como ´personal estratégico´, es un abuso de poder”.

“Naciones Unidas tuvo un planteamiento público en medio de la pandemia cuando recién se estaba hablando de la vacuna, precisamente para evitar este tipo de escándalos, exigiendo transparencia, criterios claros, públicos y sólidos y objetivos de salud pública. Por sobre todas las cosas priorizaciones que fueran de conocimiento público, nada bajo la mesa”.

Finalmente, Vivanco concluyó: “En Argentina se ha dado un abuso de poder, todo funcionario público sabe que debe trabajarse con criterios objetivos, sin favoritismos, sin privilegios porque en la práctica una de esas autoridades, que recibe la vacuna, probablemente está incurriendo en una situación donde se ha privado injustamente de la vacuna a alguien que realmente la necesita de una manera urgente”.

AS/RJ

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