-
X

Radio JAI

La Radio Judía de Latinoamérica

Radio Jai, Donaciones recibidas durante Octubre - En memoria de Mauricio Hatchwell Toledano Z.L U$2000 - A la memoria de Ursula Heyman Z.L U$120 - Rabbi Alberto Zeilicovich Temple Beth Sholom U$500 - Anónimo U$180 - Ester y Darío Pardo U$100 - Familia Roisentul U$100 - Eugenio Guzman U$10 - Anónimo U$360 - Si por algún motivo su aporte no aparece publicado por favor envíenos un mail a [email protected] - Gracias por su donación, la misma es imprescindibles para sostener nuestra tarea - Rabino Marcelo Kormis U$500 - En memoria del Juez Simón Kupchik Z.L, Simja leíble Ben Asher Zelig Z.L, Fanny Shajris de Spak, Feiga bat Guershon Z.l. y Kowa Spak, Yaacov ben Leizer Z.L U$240 -

El silencio hipócrita institucinalizado

La Política Exterior es definida como el conjunto de decisiones públicas que asume el gobierno de un Estado en función de sus intereses nacionales y en relación con los demás actores internacionales. Es así, que la solidez y madurez política de un Estado se refleja en un proyecto nacional que contenga las necesidades de un crecimiento y desarrollo económico y social, en la articulación de políticas de estado integradoras, en particular en las áreas de Salud, Educación, Seguridad, Defensa y Justicia, por lo tanto, la Política Exterior es parte de ese proyecto nacional que definen una visión pragmática de sus Relaciones Internacionales.
Dicho esto, podemos aceptar con total sinceridad, que la política exterior de la Argentina a lo largo de un poco más de dos siglos de su constitución como Estado soberano, está caracterizada por ser poco constante en relación con sus intereses nacionales y de escaso pragmatismo en relación con las dinámicas propias del sistema internacional.
Sin embargo, nuestra política exterior ha tenido notorias figuras en el importante rol que significa ser canciller, desde figuras como Luis María Drago, célebre por su notable intervención en la Crisis de Venezuela con potencias europeas en 1902/1903 que dio origen a la doctrina que lleva su nombre, Carlos Saavedra Lamas, ganador del Nóbel a la Paz en 1936, Dante Caputo que durante su ejercicio se firmaron los acuerdos fundamentales que dieron origen al MERCOSUR, o Guido Di Tella quién articuló una política pragmática sobre la Cuestión Malvinas, por citar algunos de los titulares de la cartera que han tenido una destacada actuación diplomática, más allá de sus perfiles ideológicos, lo que también nos muestra que la Argentina no se ha destacado en prodigar y promocionar en ese rol a diplomáticos de carrera, algo que nos diferencia de Brasil, cuya política exterior ha estado representada generalmente por profesionales de la diplomacia y que representa una constante en quién ocupa el Palacio de Itamaraty, salvedad hecha con nuestro último canciller, Jorge Faurie, egresado del ISEN en 1976 y con un larga carrera diplomática.
Valga lo hasta aquí reseñado, a modo de prologar el rol actual de nuestro país en el campo de la política exterior, cuyo giro es por demás cuestionable, como ha quedado plasmado en su posición frente al régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro.
El sucesor de Chávez, semanas atrás inició su campaña para terminar con un Asamblea Nacional mayoritariamente opositora desde las elecciones del 2015, para lo cual, el Tribunal Superior de Justicia, por cierto compuesto por jueces aliados al régimen, han designado a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, obviamente provenientes del riñón del chavismo, y esto en clara violación a lo normado en la Constitución Nacional de Venezuela, que dispone que sólo la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, elige a quienes ejercerán funciones en el CNE en las próximas elecciones parlamentarias a realizarse este año. De esta forma, Maduro busca que el Legislativo quede en sus manos, aún cuando sólo el 20% del electorado residente en Venezuela apoya su gestión.
Pero la cosa no quedó ahí, el TSJ dispuso la intervención a los principales partidos políticos opositores, Acción Democrática y Voluntad Popular, designando como interventores a personajes de extracción chavista, en fin, todo presagia unas nuevas elecciones fraudulentas, carentes de legitimidad absoluta por contrariar lo contemplado en la Constitución Bolivariana.
Así las cosas, la OEA, en la reunión celebrada el pasado 26 de junio, resolvió “condenar el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas de Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana”.
La resolución precitada fue aprobada por 21 miembros, siete abstenciones y seis países ausentes. Entre los Estados que se abstuvieron están, Méjico y Argentina, cuyos presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández son integrantes del Grupo de Puebla, un foro político creado el 12 de julio del año pasado en la ciudad mejicana homónima, que está conformado por presidentes, expresidentes y referentes políticos y sociales de izquierda de una docena de países iberoamericanos, entre estos además de Fernández, podemos citar por nuestro país al actual canciller Felipe Solá y al excanciller Jorge Taiana; por Brasil los expresidentes Luis Lula Da Silva y Dilma Rousseff, el expresidente Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales y Álvaro García Linera, expresidente y vice de Bolivia, José Luis Rodríguez Zapatero exjefe del gobierno de España, entre algunas de sus integrantes, recordando que entre el 8 y 10 de noviembre del año próximo pasado, el grupo de Puebla celebró su segunda reunión en Buenos Aires.
En contraposición, apoyaron la resolución del organismo interamericano, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima, Este último foro fue creado el 8 de agosto de 2017 integrado por 14 países, entre los que se encuentra aún la Argentina, y cuyo objetivo es seguir la situación de la crisis venezolana y acercar una solución pacífica para la situación que vive Venezuela, y cuyos puntos relevantes son:
1) Liberación de los presos políticos.

2) Elecciones libres, democráticas y transparentes.

3) Ayuda Humanitaria
Como vemos, el documento firmado en Lima es una crítica a la ruptura institucional producida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, y en aquel momento, la Argentina y Méjico fueron signantes de la Declaración.
Lo ocurrido con la abstención de nuestro país es no sólo una contradicción a lo firmado en el 2017, sino que además su posición desconoce sobre la Carta de la OEA, en el Art. 2do. inciso d) “ La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa” y también el inciso l) “ Los Estados Americanos proclaman los Derechos Fundamentales de la persona humana…”, incluso se contradice con el voto realizado por nuestro país el 5 de junio de 2018, cuando en aplicación del Art. 9no. se suspendió a Venezuela el ejercicio de participación en el organismo interamericano, recordando que en aquella oportunidad la resolución fue aprobada por 19 votos, cuatro en contra y 11 abstenciones.
Es evidente que la migración de unos cinco millones de venezolanos, y un accionar de la dictadura chavista que viola reiteradamente los derechos humanos, e incluso infrige la Carta de la OEA en el Capítulo 7 sobre Desarrollo Integral, Art. 34, en varios de sus incisos, por el caso el j) “Nutrición adecuada” o el l) “Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna”, prueban la alteración del orden constitucional y la deplorable situación del pueblo venezolano.
Por lo tanto, me pregunto ¿el giro en la Política Exterior Argentina, desconoce la violación constitucional llevada a cabo por el régimen venezolano? ¿desconoce que infringe la Carta de la OEA, incumple los compromisos asumidos por el Estado Nacional no sólo por lo ratificado en la Carta de Lima, sino también los que emergen de haber sido miembro fundador y signatario de la OEA, y se motiva en una concepción ideológica perversa?
Como señalé al comienzo de la columna, la Política Exterior de un Estado se expresa con las decisiones públicas del gobierno que se enmarcan en el sistema internacional, y por lo tanto, pregunto ¿nuestro país vuelve a alinearse al bloque de países cuyas autocracias o dictaduras delinean políticas que desconocen los derechos humanos fundamentales y los principios democráticos y representativos, como Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia o China?
Evidentemente, la Argentina con una Política Exterior como la que hemos desplegado a lo largo de la mayor parte de nuestro historia, nunca podrá ser un Estado con solidez y madurez, nunca seremos un actor confiable en el plano internacional, y sí seremos el ejemplo de vivo de esa frase romana “Pan y Circo”, nada más que lo nuestro es “Clientelismo y Fútbol ”.
Finalizando la columna de hoy, yo no me siento representado por alguien que añora personajes que no se identifican con la democracia, la república representativa y el respeto por las instituciones. Por todo esto, como colofón apelo a una frase del Principito, “…La autoridad se apoya antes que nada en la razón…”.

Por el profesor Luis Fuensalida

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Helueni