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Funcionario iraní acusado del atentado a la AMIA dio positivo por coronavirus

El excanciller iraní Alí Akbar Velayati, uno de los acusados como autores intelectuales del atentado contra la AMIA, se contagió de coronavirus y se le ordenó cuarentena domiciliaria, informó la Universidad Cristiana de Daneshvari.

Velayati tiene captura internacional de Interpol librada por la Justicia argentina a pedido del ex fiscal Alberto Nisman. Está acusado de haber participado de una reunión en Irán en que se habría ordenado al Hezbollah del Líbano atacar a la Mutual Judía en 1994, atentado que provocó 85 muertos.

Los otros iraníes alcanzados por el pedido de captura son Soleimanpour, Rabbani, Ahmad Vahidi, Velayati, Alí Fallahijan, Moshen Rezai y Ahmad Asghari. La pexresidenta y actual Vicepresidenta Cristina Kirchner está con procesamiento firme por haber,  supuestamente encubierto a esos iraníes,  con la firma del pacto con Irán de 2013.

En diciembre Velayati fue noticia porque amenazó a Estados Unidos -tras el asesinado del general Qasem Soleimani- con la dura advertencia: “Si no abandonan Medio Oriente, se enfrentarán a otro Vietnam”, está acusado supuestamente de haber participado en la preparación de la inteligencia para el atentado contra la AMIA de 1994. “El mundo verá lo antes posible la venganza por la sangre de Soleimani”, dijo además Velayati en los funerales del exjefe de la fuerza militar, Quds, Soleimani.

Velayati hoy es el principal asesor del líder supremo Alí Jameneí, pero en 1994 era canciller y miembro del Consejo Nacional de Seguridad y, según el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman y el ex juez Juan José Galeano, habría sido uno de los autores intelectuales del ataque terrorista que mató a 85 personas. Velayati pese a tener un pedido de captura internacional,  viaja a países aliados como Rusia, China o El Líbano por su carácter de alto diplomático. En reiteradas oportunidades, Velayati negó haber tenido participación en el atentado contra la AMIA.

Velayati “habría participado en la reunión efectuada el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní de Mashad”, donde se “decidió atentar contra el edificio de la AMIA” de Pasteur 633 de esta capital. Como ministro de Relaciones Exteriores iraní entre 1981 y 1997, tuvo “importancia medular” mediante “la instrumentación del atentado otorgando pasaportes, visas, y cobertura diplomática”, dice la acusación de la Justicia argentina.

En uno de sus escritos, Nisman afirmó que “como jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Velayati coordinó las diversas actividades y proporcionó los recursos que fueron necesarios por todos los diversos cuerpos a su cargo, para completar con éxito las tareas asignadas que les permitieron ayudar a los otros elementos en la cadena terrorista” que participó de la AMIA.

Así, “agentes de El Ministerio de Inteligencia, la Fuerza Quds y / o Ershadrecibieron cobertura diplomática, que les permitió llevar a cabo sus actividades sin el conocimiento de las autoridades locales”. Además, “las embajadas proporcionaron una base para estos agentes a partir de la cual pudieron realizar las acciones necesarias y al mismo tiempo, mantener contacto con el gobierno al que servían”.

Entonces, Velayati “no solo participó en la decisión del proceso que llevó al ataque, sino que también hizo lo siguiente a través de su Ministerio: Siempre cobertura diplomática para uno de los agentes iraníes que estuvo más involucrado en el ataque (Mohsen Rabbani); proporcionó los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones descritas anteriormente; agentes seleccionados del Ministerio de Relaciones Exteriores para llevar a cabo el ataque; hizo un gran esfuerzo para ayudar a completar el fase final de la operación”. Rabbani recibió status diplomático unos meses antes del atentado.

A mediados del año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había condenado las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra figuras del círculo del líder supremo, Alí Jameneí, como Velayati. El gobierno estadounidense impuso sanciones contra nueve dirigentes iraníes, entre ellas, el jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisí; el segundo hijo del líder supremo, Mojtaba Jameneí; el consejero de Asuntos Exteriores del líder, Alí Akbar Velayati; y el jefe del Estado Mayor, Mohamad Baqerí.

Paralelamente, a principios de agosto el gobierno de Mauricio Macri dispuso el “congelamiento administrativo de bienes y/o dinero” de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, entre ellos Velayati, el ex embajador Hadi Solemainpour y el ex agregado cultural en Buenos Aires Moshen Rabbani, informaron fuentes vinculadas al caso.

La medida, dispuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado cuando la dirigía Mariano Federici, tiene vigencia inicialmente por seis meses.

Las actuaciones tuvieron origen en un informe de inteligencia que hace alusión a determinadas personas humanas que fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) creado por el Decreto 489/2019. El gobierno de Alberto Fernández, al principio abrió la posibilidad de sacar al Hezbollah de esa lista, pero luego el canciller Felipe Solá confirmó que seguiría incluido.

La inscripción al registro “fue solicitada por el fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del conocido atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina”, añadió la Unidad de Información Financiera (UIF) en la resolución firmada por su vicepresidenta, María Eugenia Talerico.

Ese informe, explicó, sostiene que la Unidad AMIA “informó acerca de la existencia de imputaciones y solicitudes de captura nacional e internacional de las personas humanas inscriptas en el RePET como resultado de su participación en el atentado terrorista” y “la existencia de trabas de embargo y la inhibición general” de sus bienes.

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